miércoles, 28 de octubre de 2015

Afectados por las acciones de Bankia: Primera sentencia ganada en LLeida contra Bankia por unos accionistas afectados por la salida a Bolsa de la entidad .



Horcajada abogados Lleida consigue una primera sentencia contra Bankia a favor de los accionistas afectados ,un matrimonio pensionista de Ponent que había adquirido , el 18 de julio de 2011,  800 acciones de la entidad Bankia, SA, por un importe nominal de 3.75 euros por acción y por un importe total de de 3.000 euros , sentencia firme.

El juzgado de Primera Instancia Número 5 de Lleida ha dictado sentencia, de fecha 14 de septiembre de 2015, en virtud de la cual declara la nulidad del contrato suscrito por mis defendidos y acuerda la restitución recíproca de las cantidades percibidas.

El juez se basa en que la información que se transmitió a los demandantes no se correspondía en absoluto con la situación real de la entidad que era de pérdidas y no de beneficios y ello motivó un vicio  en el consentimiento sobre las condiciones de la cosa siendo relevante y esencial, al constar en el folleto informativo una situación financiera de la entidad alejada de la realidad.
Basamos nuestra demanda solicitando la nulidad de la operación por  ERROR EN EL CONSENTIMIENTO, error invalidante al incumplir sus obligaciones el emisor sobre el deber de información sobre la OPS y sus requisitos.

De conocer los datos actualmente publicados, o incluso los que la propia entidad reconoció un año después, y por tanto, que iba a contratar con una entidad que generaba pérdidas, mis defendidos nunca hubieran suscrito las acciones.

No hay equivocación sobre el producto que estaba contratando, las acciones como tales, sino que el error recae sobre las propias acciones BANKIA adquiridas y en especial sobre sus riesgos y valor. 

El error inicial, que influye en todas las informaciones vinculadas, recae en la solvencia de la entidad emisora, pues las condiciones informadas sobre la entidad y su situación financiera, las características de las propias acciones y el riesgo real asumido no fueron veraces.

El error que provoca el vicio del consentimiento que cumple todos los requisitos legalmente establecidos para que éste sea invalidante del contrato:

Se trata de un error ESENCIAL, pues se publicita una situación de solvencia, beneficios y garantías falsos. 

Es un error EXCUSABLE, pues la información que se da al inversor se supervisa por un organismo público, y mis representados en el convencimiento de que se han cumplido todos los requisitos legales y de supervisión, la dan por buena.

Es un error NO IMPUTABLE a mis mandantes  que, en ningún momento tuvieron acceso a la información real y que obviamente no contribuye en la elaboración del folleto.


El artículo 1266 del código civil establece que “para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo” artículo totlamente aplicable al supuesto de autos.


Por ello si es un accionista afectado por la salida  en Bolsa de Bankia, SA, defienda sus derechos y reclame lo que le corresponde.

En Bufet Horcajada abogados le ayudaremos a recuperar su dinero.
Consúltenos sin ningún compromiso.


Mª José Horcajada Bell-lloch
Abogada Col.1160 ICALLeida

Bufet Horcajada Abogados

viernes, 16 de octubre de 2015

Delitos relacionados con los derechos y deberes familiares





Determinadas conductas  en relación con los derechos y deberes familiares pueden ser constitutivos de infracción penal, entre ellos el quebrantamiento de los deberes de custodia y la inducción de los menores al abandono del domicilio, la sustracción de menores y el abandono de familia, menores o incapaces.

El Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, modificado por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo y Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo,  regula en sus artículos 223 y siguientes dichos delitos.

Reproducimos a continuación su transcripción literal:

“ CAPÍTULO III

De los delitos contra los derechos y deberes familiares

Artículos 223 a 233

SECCIÓN 1ª

Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores al abandono de domicilio

Artículos 223 a 225

ARTÍCULO 223

El que, teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o un persona con discapacidad necesitada de especial protección, no lo presentare a sus padres o guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido por ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otro delito más grave.

ARTÍCULO 224

El que indujere a un menor de edad o a un persona con discapacidad necesitada de especial protección a que abandone el domicilio familiar, o lugar donde resida con anuencia de sus padres, tutores o guardadores, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
En la misma pena incurrirá el progenitor que induzca a su hijo menor a infringir el régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa
Artículo modificado por Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores.

ARTÍCULO 225

Cuando el responsable de los delitos previstos en los dos artículos anteriores restituya al menor de edad o al persona con discapacidad necesitada de especial protección a su domicilio o residencia, o lo deposite en lugar conocido y seguro, sin haberle hecho objeto de vejaciones, sevicias o acto delictivo alguno, ni haber puesto en peligro su vida, salud, integridad física o libertad sexual, el hecho será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, siempre y cuando el lugar de estancia del menor de edad o el persona con discapacidad necesitada de especial protección haya sido comunicado a sus padres, tutores o guardadores, o la ausencia no hubiera sido superior a 24 horas.
Artículo 225, modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

SECCIÓN 2ª

De la sustracción de menores

Artículo 225.bis

Sección 2ª, modificada por la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre.

ARTÍCULO 225 bis

1.      El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.
2.      A los efectos de este artículo, se considera sustracción:
1.      El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.
2.      La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.
3.      Cuando el menor sea trasladado fuera de España o fuese exigida alguna condición para su restitución la pena señalada en el apartado 1 se impondrá en su mitad superior.
4.      Cuando el sustractor haya comunicado el lugar de estancia al otro progenitor o a quien corresponda legalmente su cuidado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sustracción con el compromiso de devolución inmediata que efectivamente lleve a cabo, o la ausencia no hubiere sido superior a dicho plazo de veinticuatro horas, quedará exento de pena.
Si la restitución la hiciere, sin la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a la sustracción, le será impuesta la pena de prisión de seis meses a dos años.
Estos plazos se computarán desde la fecha de la denuncia de la sustracción.
5.      Las penas señaladas en este artículo se impondrán igualmente a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que incurran en las conductas anteriormente descritas.
Artículo modificado por Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores.

SECCIÓN 3ª

Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección

Artículos 226 a 233

Sección 3ª, añadida por la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre.Sección 3ª, rúbrica modificada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Marzo de 2015.

ARTÍCULO 226

1.      El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.
2.      El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.

ARTÍCULO 227

1.      El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.
2.      Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.
3.      La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.

ARTÍCULO 228

Los delitos previstos en los dos Artículos anteriores, sólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.
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ARTÍCULO 229

1.      El abandono de un menor de edad o un persona con discapacidad necesitada de especial protección por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años.
2.      Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años.
3.      Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o del persona con discapacidad necesitada de especial protección, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave.

ARTÍCULO 230

El abandono temporal de un menor de edad o de un persona con discapacidad necesitada de especial protección será castigado, en sus respectivos casos, con las penas inferiores en grado a las previstas en el Artículo anterior.

ARTÍCULO 231

1.      El que, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad o de un persona con discapacidad necesitada de especial protección, lo entregare a un tercero o a un establecimiento público sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado, o de la autoridad, en su defecto, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses.
2.      Si con la entrega se hubiere puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o del persona con discapacidad necesitada de especial protección se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

ARTÍCULO 232

1.      Los que utilizaren o prestaren a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.
2.      Si para los fines del apartado anterior se traficare con menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, se empleare con ellos violencia o intimidación, o se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud, se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años.

ARTÍCULO 233

1.      El Juez o Tribunal, si lo estima oportuno en atención a las circunstancias del menor, podrá imponer a los responsables de los delitos previstos en los Artículos 229 al 232 la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.
2.      Si el culpable ostentare la guarda del menor por su condición de funcionario público, se le impondrá además la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
3.      En todo caso, el Ministerio Fiscal instará de la autoridad competente las medidas pertinentes para la debida custodia y protección del menor.”



Bufet Horcajada
Despacho de abogados de Lleida multidisciplinar ( Derecho civil, familia, penal..)

jueves, 8 de octubre de 2015

Nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 42/2015, de 5 de octubre de 2015




La Ley 42/2015, de 5 de octubre de 2015, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, publicada en el BOE el día siguiente, introduce diversas modificaciones en la actual Ley de Enjuiciamiento Civil.

Muchos de los artículos reformados hacen referencia a la intención del legislador de reformar las diferentes actuaciones procesales para generalizar el uso de las nuevas tecnologías.

También se pretende que los litigantes y sus representantes, los procuradores tengan un papel más activo y eficaz.

A parte de dichos cambios la reforma aprovecha para modificar el juicio verbal, introduciendo la contestación por escrito en un plazo de diez días, prevé la posibilidad de renunciar a la vista y se exige que se anuncie con antelación la prueba de interrogatorio de parte.

También se modifica el juicio ordinario, se establece la necesidad de que s e aporte minuta de proposición de prueba por escrito en la audiencia previa .
De la reforma también destacaríamos la posibilidad del control judicial de las cláusulas abusivas en los juicios monitorios contra consumidores o usuarios y en el despacho de ejecución de laudos arbitrales.

Asimismo se actualiza la prescripción del Art. 1964 de CC, el plazo de prescripción de las acciones personales pasa a ser de 5 años.

Esperemos que con estos cambios se consiga agilizar y modernizar nuestra administración de justicia.

Defienda sus derechos, confíe su asesoramiento a un abogado de su confianza.

Mª José Horcajada

Abogado de Bufet Horcajada